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Sat, Mar

Minería

Uno de los flagelos que afecta con fuerza a la actividad minera son los yacimientos ilegales que no sólo atentan contra la economía de un país, sino que provocan graves e irreversibles daños ambientales.

Uno de los flagelos que afecta con fuerza a la actividad minera son los yacimientos ilegales que no sólo atentan contra la economía de un país, sino que provocan graves e irreversibles daños ambientales.


En Colombia, estos problemas se repiten más aún cuando existirían irregularidades (o al menos curiosos errores) en el control que deben ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a la minería ilegal en estos últimos años.

Datos de la Contraloría confirman que los organismos regionales tienen un flojo desempeño puesto que han proliferado los yacimientos ilegales en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca.

Una de las inconsistencias tiene que ver con que las dragas y los químicos decomisados, los están dejando en custodia de los mineros ilegales lo que hace preguntar si efectivamente se los está controlando o ayudando a crecer.

El informe de Contraloría explica que también existe falta de acompañamiento y soporte técnico de parte de las corporaciones con jurisdicción en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó en los operativos contra la minería ilícita que realiza el Ejército y la Policía Nacional, siendo un factor importante y necesario para identificar, medir y actuar contra el alto impacto ambiental que causan estas explotaciones no autorizadas.

La preocupación es muy grande puesto que incluso el Parque Nacional Natural Farallones de Cali se ha visto gravemente afectado por la minería ilegal, y las autoridades aducen que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgan licencias ambientales para actividades de minería dentro de zonas de reserva forestal, sin haber solicitado la previa sustracción del área como lo establece la ley.

En números, se estima que si todos los emprendimientos cumplieran con la ley y pagaran las regalías correspondientes, la Nación recibiría anualmente más de U$S 2.000 millones, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85% de la minería es ilegal esos recursos no ingresan al Estado.

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